La Corte de Apelaciones de Trieste recientemente planteó cuestiones de legitimidad constitucional en relación con el artículo 73, párrafo 1, del DPR 309/90, que establece las penas para los delitos relacionados con las drogas. Esta decisión se basa en presuntas contradicciones con la Constitución italiana (Artículos 3, 25 y 27) debido a la pena mínima establecida por esta disposición, que es de ocho años. Esta pena reemplazó una sentencia anterior de seis años, que fue declarada inconstitucional en 2014.
Las Cuestiones Planteadas
Inicialmente, la Corte de Apelaciones planteó el problema de la violación del principio de reserva de ley en asuntos penales, argumentando que las intervenciones para aumentar las sanciones deberían ser prerrogativa exclusiva del legislador. La Corte argumentó que la modificación de las penas a raíz de la sentencia constitucional de 2014 es inconstitucional porque fue impuesta por la propia Corte.
Además, la Corte destacó la irrazonable diferencia en las penas entre los delitos de drogas «graves» y «leves» y resaltó cómo esta disparidad va en contra del principio de igualdad (Artículo 3 de la Constitución). Se consideró que esta diferencia en la imposición de sanciones era desproporcionada e inconsistente con el principio de rehabilitación de las penas (Artículo 27 de la Constitución).
La Decisión del Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional declaró inicialmente que la cuestión planteada era inadmisible, afirmando que las decisiones del Tribunal Constitucional no están sujetas a apelación. Sin embargo, consideró admisibles y fundamentadas las cuestiones relacionadas con la falta de razón y la desproporción en las penas.
El Tribunal Constitucional concluyó que la pena mínima de ocho años para los delitos relacionados con las drogas es inconstitucional y estableció que una pena adecuada debe ser de seis años de prisión. Argumentó que esta pena de seis años había sido indicada en repetidas ocasiones por el legislador como una medida adecuada para los delitos en la «zona gris» entre delitos graves y menores relacionados con las drogas.
Esta decisión del Tribunal Constitucional tiene importantes implicaciones para el sistema judicial italiano y las sanciones relacionadas con los delitos de drogas. La modificación de las penas tiene como objetivo garantizar una mayor equidad y proporcionalidad para aquellos que cometen tales delitos.
